Manfredo Monforte Moreno
GD (r) Dr. Ingeniero de Armamento. MBA. MTIC. Artillero
De la Academia de las Ciencias y las Artes militares
Salario: retribución pagada, generalmente por meses, a personas que prestan un servicio. Proviene del pago a los soldados para que compraran sal.
Soldada: Sueldo correspondiente a cierto periodo, por ejemplo, a un mes. Se aplicaba particularmente a los de los soldados y marineros.
Sueldo: retribución que se paga, generalmente cada mes, por un trabajo regular.
Tras la Guerra Civil, las grandes sacrificadas del llamado “milagro español” fueron las Fuerzas Armadas. Dicho sacrificio se tradujo en salarios bajos y escaso material apenas compensado por la ayuda americana tras los Tratados de Madrid de 1953 por los que se cedía el uso a los EE.UU. de las bases militares de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza.
Fallecido el general Franco en noviembre de 1975, se inició la transición hacia la democracia culminada con el referéndum constitucional de diciembre de 1978. En aquellos años, la Institución militar causaba cierto recelo frente a los grandes cambios que el nuevo régimen político conllevaba. Los acontecimientos vividos durante la transición despertaron el interés periodístico sobre la actitud del Ejército y de los militares, especialmente de los de mayor empleo. Una de las prioridades de aquellos años fue la de fijar el papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto social y político, algo que materializó la Reforma Militar dirigida por el general Gutiérrez Mellado (1977).
La reforma pretendía transformar el ámbito militar con el fin de modernizarlo, configurar las plantillas, sus funciones y misiones en el nuevo marco democrático y equiparar las retribuciones de los militares al resto del funcionariado, lo que en la práctica se tradujo en una elevación sustancial de los salarios. No existía entonces la tropa profesional y la escala básica de suboficiales empezaba a nutrirse de los alumnos egresados de El Talarn.
A pesar del incremento salarial que supuso la reforma, los cuadros militares recibían un sueldo inferior a los percibidos por sus equivalentes de la Guardia Civil. Y pronto se abrieron enormes diferencias salariales entre los distintos y nuevos cuerpos de la seguridad ciudadana autonómicos o locales, algo que sigue sin resolverse hoy en día.
Tanto militares como guardias civiles aceptan voluntariamente al ingresar el recorte de sus derechos civiles recogidos en la Constitución, lo que condiciona su libertad de acción a la hora de reivindicar derechos (el conducto reglamentario no siempre está disponible en función de la petición cursada). Este hecho se hace especialmente crítico en las clases de tropa, que mantienen unos condicionantes leoninos de permanencia (tope de 45 años) y salariales desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas sin que ningún gobierno haya resuelto la situación.
Tras la conferencia plenaria de la OTAN en Madrid en junio de 2022, el gobierno español se comprometió a incrementar el presupuesto de Defensa hasta aproximarse al 2 % del PIB en 2029/30. Para ello, a partir del presupuesto de 2023 la dotación económica se ha visto incrementada en cuanto a inversión en sistemas de armas con el fin de subsanar las carencias crónicas que se venían arrastrando. La cuestión es que el peso del Capítulo 1 Personal del presupuesto de Defensa se ha ido reduciendo frente al total, lo que indica bien a las claras que el esfuerzo inversor no ha atendido las necesidades del personal en cuanto a salarios.
El hecho de que el propio Ministerio de Defensa niegue la participación solidaria de su personal en el incremento presupuestario ha puesto en pie de guerra a las asociaciones militares con el fin de forzar que sea el Consejo de Personal quien tome cartas en el asunto con vistas al presupuesto de 2025 y subsane de una vez por todas la grave situación retributiva del personal militar tal y como manifestó en su día la Comisión de Defensa del Congreso. De hecho, las nóminas de los militares (y del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa) son las más bajas de toda la Administración Central del Estado.
No es de extrañar que, ante esta situación, los destinos en grandes ciudades, donde los alquileres son más caros, sean los menos deseados y solicitados. A ello contribuye la práctica liquidación del patrimonio inmobiliario militar que facilitaba en su día la movilidad del personal. Hoy, las escasas residencias logísticas apenas disponen de oferta de plazas, haciendo que algunos oficiales que cursan el curso de Estado Mayor, por ejemplo, se vean obligados a compartir piso durante la duración de sus estudios.
La pugna por contar con los profesionales mejor preparados también se produce en el terreno de los sueldos: sirva de ejemplo la UME o el propio Órgano Central, donde los complementos retributivos dotan a sus puestos de mayor atractivo, pues ya sabemos que en la caja del supermercado no sirve la tarjeta militar. Como decía un viejo coronel: yo tengo un gran espíritu militar, pero mi mujer y mis hijos no.
El mayor gasto en armamento y material sin que los sueldos noten el mayor esfuerzo presupuestario supone un agravio cuando no un desprecio hacia un personal que viene resolviendo las exigencias de la profesión con esfuerzo, profesionalidad y silencio. Pocos trabajos conllevan el riesgo cierto de dar la vida por España en lugares muy alejados de la comodidad del hogar familiar: a los hechos me remito.
La sociedad española debe ser consciente de que siempre tendrá a su lado a militares dispuestos a echar una mano en pandemias, terremotos, nevadas, incendios, inundaciones, transportando agricultores por mar durante la erupción del volcán de La Palma o extendiendo la acción de protección a la población civil en catástrofes sufridas allende nuestras fronteras.
Es un hecho constatado que los distintos gobiernos españoles han ido salvando los muebles —cuando los socios de la OTAN les recriminaban la escasa inversión en Defensa, que apenas alcanzaba el 1% del PIB durante algunos ejercicios— con el despliegue de unidades en misiones en el extranjero. Es decir, se ha compensado el ínfimo esfuerzo en defensa con el sacrificio de nuestro personal, un sacrificio llevado hasta el extremo con el doloroso regreso de nuestros compañeros envueltos en la bandera nacional (unos 180 desde que se empezó a desplegar en misiones de paz, el último, el cabo Billye Germán Palacios Aguilar, fallecido en Polonia en abril de 2024).
En el presupuesto prorrogado de 2024, el gasto de personal asciende a unos 5.500 M€ frente a los más o menos 13.000 M€ del total (42,3 %). En 2021, el capítulo 1 fue de 4.900 M€ sobre 9.400 M€ del total (45 %) lo que demuestra que los fondos dedicados al personal no se han incrementado en la misma proporción que el presupuesto general, a lo que hay que añadir que parte del gasto en programas especiales, con grandes incrementos en los dos últimos ejercicios, se recoge en el Ministerio de Industria.
El problema se complica cuando se observa la creación de nuevos mandos —Ciberdefensa, Espacio, Operaciones Especiales…—, que requieren personal cualificado en detrimento de otras unidades sin que las plantillas globales se incrementen para cubrir las nuevas necesidades. El efecto es inmediato: las unidades soportan una mayor carga de trabajo y el personal debe repetir misiones en el extranjero con el sacrificio familiar que ello supone.
En 2024, el sueldo de un general de brigada asciende a 50.000 € incluyendo complementos. El de un comandante, 36.000 €. El de un sargento, 24.700 €. Un soldado o marinero apenas llega a 17.000 €, es decir, unos 1.150 € netos en 12 pagas más dos pagas extraordinarias de menor cuantía. En cálculo comparado, los salarios están muy por debajo de las exigencias en cuanto a responsabilidad, peligrosidad y disponibilidad del militar. No pueden compararse con el mundo empresarial ni con un policía municipal, un policía autonómico o nacional, un guardia civil y mucho menos con los militares de los países de la OTAN con los que queremos equiparar nuestro presupuesto de Defensa. Tampoco las dietas por desplazamiento suelen cubrir el coste de un hotel normal y al final cualquier viaje le cuesta dinero al implicado.
En una profesión en la que lo más importante es el capital humano, su dedicación y valores (algo que los políticos repiten una y otra vez), parece poco justificable mantener a ese personal —tan importante— discriminado frente a trabajos menos exigentes. Basta ya de invertir en sistemas de armas sin atender primero a quien los debe mantener y manejar.
Es necesario dignificar la profesión militar y hacerla más atractiva con vistas al reclutamiento y la percepción de la sociedad que la mantiene y a la que sirve. Hagamos una nueva Reforma Militar a lo Gutiérrez Mellado en lo que a las retribuciones se refiere. De no hacerlo, empresas como Amazón seguirán “fichando” a personal cuya formación y cualificación está fuera de toda duda y para lo cual el Estado ha invertido muchos dineros.
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