Cuando en 2017 tuve la oportunidad de ser recibido por la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, le hice llegar la idea de que la innovación sólo puede encontrarse en las pequeñas y medianas empresas (PYME,s) y que el Departamento que dirigía debería hacer un mayor esfuerzo para apoyarlas. Le comenté que la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, disponía de un equipo de 80 personas para apoyar la innovación, mientras que en España las pequeñas empresas innovadoras no sabían a qué puerta llamar cuando sabían que contaban con un producto útil o una tecnología disruptiva. Ante mi sorpresa, me dio la razón, confirmándome que era vocación del Departamento que dirigía apoyar la iniciativa privada como germen de la industria de Defensa (4.0, empezaba a llamarse, aunque casi nadie sabía lo que eso significaba).
Desde mis puestos de jefe de ingeniería del Ejército de Tierra primero y de subdirector general del INTA, he recibido a muchos pequeños empresarios en busca de apoyos institucionales que les permitiesen convertir sus brillantes ideas en productos válidos.
Pero para acceder a los exiguos créditos de I + D + i hay tantas trabas administrativas que resultan disuasorias. Muchas veces les he tenido que decir a cuantos se acercaban a mí buscando una tabla de salvación, que en España es mucho más fácil importar que fabricar; es más rentable ser intermediario que productor. Esta es la realidad de la pequeña industria de defensa española.
La actual reglamentación de armas y explosivos penaliza a los productores nacionales frente a los extranjeros. Un ejemplo basta: la fábrica de El Fargue de Granada, antes de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, hoy de una multinacional eslovaca (me duele decirlo), con más de 600 años de historia, cuenta por Ley con un Ingeniero Inspector Militar (en una inspección fija de la Dirección General de Armamento) que vela por la seguridad de la instalación y la calidad de los productos adquiridos por el Ministerio de Defensa. Una empresa que fabrique lo mismo pero situada en Brasil, Israel o Francia no precisa ese control de calidad (que en la práctica es una forma de intervención del Estado). Además, la fábrica cuenta con una autorización administrativa de los Ministerios de Interior y de Defensa. Si la fábrica se plantease fabricar bengalas de señalización (es un suponer), debería iniciar unos trámites costosos en tiempo y dinero para obtener autorización por modificación sustancial, lo que le llevará bastantes meses de papeleo y negociación con el Área de Inspecciones Industriales del Ministerio de Defensa y la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Si yo fuera empresario, preferiría importar antes que fabricar: la industria nacional no está protegida, sino sometida a rígidos reglamentos e inspecciones oficiales.
Al margen de los problemas burocráticos y la falta de atención a las PYME,s el problema más trascendente es la financiación. Las cantidades destinadas a la investigación se han dividido casi a partes iguales entre subvenciones y créditos para proyectos concretos; estos últimos deben devolverse en las condiciones establecidas por el gobierno. Esta segunda categoría suele quedar sin ejecutar en porcentajes que llegan hasta el 50%, lo que sirve a los distintos gobiernos para maquillar las cifras destinadas a I+D engrosando los créditos que nunca se llegarán a conceder, pero que aumentan la cantidad total destinada, en principio, a la investigación.
El porcentaje actual del Producto Interior Bruto (PIB) español destinado a I + D + i es, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del 1,19 %; mientras que la media europea se sitúa en el 2,07 % del PIB y países como Alemania, Suecia, Francia e incluso Portugal están en el 3,02 %; 3,25 %; 2,25 % y 1,67 % respectivamente. Es difícil explicar que firmas como Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Tesla o Apple dedican inversiones al I + D + i que suponen, en cada una de ellas, más del doble de las dedicadas por España, siendo esta la partida presupuestaria más importante para asegurar el porvenir de las futuras generaciones; España soporta un déficit insoportable.
En el sector de defensa las cifras son aún peores. El gasto público en defensa en España creció un 12,5 % en 2018, con lo que representó el 3,09% del gasto público total. En 2018 España se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en defensa, en el puesto 17. En cuanto a su proporción respecto al PIB, ha mantenido el último puesto ya que, curiosamente, es el país con menos gasto en defensa con relación a su PIB. En esto España se sitúa en el puesto 120.
En 2018, el gasto público per cápita español en defensa fue de unos 330 euros. En 2017 fue de 305 euros. En la actualidad, según el gasto público en defensa per cápita, España se encuentra en el puesto 34 de los publicados. Así, en porcentajes del PIB, donde la OTAN exige un 2 % a los estados miembros, nuestro gasto no llega al 1 %, por lo que se mantiene como el segundo país de la alianza que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) destina a defensa (0,92%); sólo Luxemburgo invierte menos (0,55%). Sólo siete países de la Alianza Atlántica cumplirán en 2019 la meta pactada de destinar el 2% del PIB a defensa de aquí al 2024. Se trata de Estados Unidos (3,42 %), Grecia (2,24 %), Estonia y Reino Unido (2,13 %), Rumanía (2,04 %), Polonia y Letonia (2,01 %). Se acercan a la meta Lituania (1,98%), Turquía (1,89%) y Francia (1,84%), mientras que Alemania destinará el 1,36% e Italia el 1,22%. De los grandes países europeos, España es el que menos recursos destina a la OTAN.
Ante los datos expuestos, España se sitúa entre los países de menor esfuerzo en defensa dentro del ámbito de la OTAN, una situación a la que se ha llegado recortando los presupuestos de defensa de forma sistemática, aplazando reiteradamente el pago de los programas especiales de armamento y reduciendo los niveles de alistamiento y operatividad de las FAS. El patrón presupuestario actual se debe revisar ahora que el Tribunal Constitucional ha condenado la práctica de recurrir a créditos extraordinarios para financiar partidas que deberían figurar en los presupuestos iniciales. Los cambios, además, coinciden con el compromiso adquirido con la OTAN de hacer un mayor esfuerzo presupuestario en los próximos años.
ace falta de manera prioritaria una Ley de Financiación (LFFAS) de las Fuerzas Armadas que estabilice el planeamiento militar e industrial y que satisfaga las necesidades de la preparación y sostenimiento de la fuerza y normalice la estructura presupuestaria. Sin una ley que aclare el horizonte industrial y operativo, el futuro se presenta demasiado incierto.
*Imágenes de Google Images
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