Manfredo Monforte Moreno
Dr. Ingeniero de Armamento.
Académico de la de Ciencias y Artes Militares
Sección de Prospectiva de la Tecnología Militar
El 16 de febrero de 2011 su alteza real, entonces Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, presidió el acto de inauguración del Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM). Diez años antes, la Directiva 168/2001 del Ministerio de Defensa sobre racionalización de centros, impulsaba la creación de un nuevo organismo que aglutinase seis de los centros cargados de historia dependientes de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM): el más antiguo, el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA), fundado en 1898; la Fábrica Nacional de La Marañosa (FNM, 1921); el gaditano Centro de Experiencias de Torregorda (CET, 1859/1932), el Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC, 1939), el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA, 1944) y el Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA, 1952). Quedaban fuera de la integración el Laboratorio de Ingenieros (LABINGE), el Laboratorio Central del Ejército (LCE), el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) y el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire, amén de los órganos técnicos gestionados por la sanidad militar y los laboratorios de Intendencia.
En 2014, en cumplimeitno de Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, el ITM se integró en el Instituto de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), junto al citado Laboratorio de Ingenieros y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Madrid). Como consecuencia, el INTA se reestructuró sobre la base de cuatro subdirecciones técnicas: Espacio, Aeronáutica, Terrestre y Naval. El propio nombre del reforzado instituto indica su misión: aeroespacial. En su momento se barajó la posibilidad de rebautizarlo como Instituto Nacional de Técnicas Avanzadas, manteniendo el acrónimo INTA, pero la iniciativa no prosperó.
La fusión no fue fácil, pues había importantes diferencias salariales entre las personas recién incorporadas y las veteranas del instituto, amén de diferencias sustanciales en cuanto a procedimientos, sistemas de información y prioridades.
La reciente creación de una Agencia Espacial catalana podría interpretarse como la constitución de una sucursal de la Agencia Espacial española, pero ésta no existe, asumiendo sus cometidos el propio INTA, que actúa como tal con notorias limitaciones.
España fue el segundo país de Europa en disponer de una Agencia Espacial después de Francia (CNES 1960) y antes que Alemania (DLR 1969), Italia (ASI 1988) y Reino Unido (UKSA 2010). Denominada Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE), fue creada en 1963 para el desarrollo de la ciencia y tecnología espacial en España. Estaba situada en Madrid y dependía del Ministerio del Aire y posteriormente del Ministerio de Defensa. La Comisión se extinguió en 1986. Desde entonces sus responsabilidades fueron asumidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia.
Como hemos dicho, el INTA hace las funciones de agencia espacial pero sin gozar de todas las competencias como tal. En realidad, los asuntos espaciales están repartidas entre cuatro ministerios (Ciencia, Industria, Fomento y Defensa), lo cual puede hacerle perder oportunidades. Es un hecho que en los últimos años el sector aeroespacial español ha venido reclamando la creación de una Agencia Espacial Nacional. La situación actual, dentro del esfuerzo común europeo, limita la representación de alto nivel de España ante los organismos internacionales, la coordinación de los esfuerzos y el tener una capacidad para seguir unas directrices propias independientes de las marcadas por la Agencia Europea del Espacio (ESA). En el año 2015 el Gobierno anunció la creación de una agencia espacial unificando todas las actividades de investigación espacial, pero no se llevó a término.
El INTA depende del Ministerio de Defensa a través de su Secretaría de Estado, lo cual también implica limitaciones. La antigua CONIE dependía del Ministerio de Defensa pero actuaba como un ente separado. La gestión de la participación española ante los órganos de gestión de la ESA, inicialmente desarrollada por la CONIE, corresponde hoy al Ministerio de Industria, que se apoya en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia. La participación en el Programa Galileo la ostenta el Ministerio de Fomento.
España era el único país miembro de la ESA cuya delegación estaba encabezada y formada casi exclusivamente por militares, mientras el resto de los países mantenían sus actividades espaciales encuadradas en ministerios u organismos autónomos civiles, y en sus delegaciones figuraban primordialmente científicos, representantes de la industria y diplomáticos. Esto provocaba malestar en la propia agencia, creada con fines "exclusivamente pacíficos", según consta en su convención. Por ello la conocida como Ley de la Ciencia de 1986 dio por extinguida la CONIE; a partir de esa fecha la representación se gestiona a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia y por lo tanto civil.
La participación española en el Programa Galileo está gestionada por el Ministerio de Fomento. El Campus de Torrejón de Ardoz, del INTA, alberga el Centro Europeo de Servicio GNSS que da soporte técnico a los usuarios de la red Galileo. En el campus de La Marañosa se levanta el nuevo Centro de respaldo de Monitorización de la Seguridad del Sistema Galileo, GSMC.
Llegados a este punto, tanto la denominación oficial del INTA como la probable creación de una Agencia Espacial española, parecen aconsejar el replanteamiento de las misiones y organización del Instituto, único Organismo Público de Investigación y segundo de España en volumen, que no depende del ministerio de Ciencia.
Desde la integración del ITM en INTA, los Cuarteles Generales y la misma DGAM y otros organismos se han visto obligados a encomendar primero y encargar después los trabajos que hasta esa fecha no tenían coste alguno. Trabajos que se extienden a pruebas de vigilancia de municiones y misiles, ensayos de homologación, pruebas de recepción, apoyo a grupos internacionales de expertos, tareas de normalización, etc. y que afectan a la operatividad de las FAS. Pero el INTA, con ser un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, presenta en su cuenta de resultados un porcentaje de facturación que le impiden ser considerado un medio propio de la Administración, lo que ha venido a complicar las relaciones comerciales con los “clientes” tradicionales del ITM.
Nos encontramos, por una parte, con la posible creación de una Agencia Espacial Española (ya existe en los países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, y se barrunta la creación de una Agencia de la UE, pues la ESA incluye socios ajenos a la UE, como el Reino Unido) y por otra la consideración de organismo NO propio de la Administración, parecen aconsejar ciertos movimientos estratégicos para que el Ministerio de Defensa recupere sus capacidades tecnológicas y agrupe sus medios en un único Órgano Técnico (Instituto Tecnológico de la Defensa, ITD) cuya dependencia debería incorporarse a la disciplina de la DGAM y, más concretamente, de su Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, dado que gran parte de sus trabajos se realizarían, además de para los Cuarteles Generales, para otras subdirecciones de la DGAM y la industria militar; no se puede ser juez y parte al mismo tiempo.
El nuevo Instituto debería recuperar capacidades perdidas o disminuidas, como la acústica atmosférica y submarina, la robótica, la simulación, la balística y el armamento, lo ensayos de certificación –todos–, etc., integrando los centros del extinguido ITM hoy encuadrados en la Subdirección de Sistemas Terrestres del INTA, a los que añadir centros clave como el Laboratorio Central del Ejército, el CLAEX, el Real Observatorio de la Armada, el departamento de metrología y calibración, el CEHIPAR, los laboratorios del PCAMI…
La dirección del nuevo instituto debería ser asumida por un profesional de prestigio, preferentemente un doctor, de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos o la Armada, con rango de subdirector general (se eliminarían dos de las actuales del INTA). Los departamentos pasarían a estar dirigidos por coroneles y capitanes de navío ingenieros, reforzando el valor y relevancia de dicho empleo militar.
El nuevo centro se constituiría como único órgano técnico del Ministerio de Defensa, pasando a prestar servicios a las Fuerzas Armadas y a iniciar nuevos proyectos de I+D+i con medios propios o en asociación con la industria, la universidad y otros organismos investigadores. Su cabecera, sin duda, debería ubicarse en La Marañosa, eliminando innecesarios traslados y ocupando los actuales edificios semivacíos.
La segregación de aquellos órganos técnicos subordinados al INTA y otros organismos y su reagrupamiento bajo la dependencia de la DGAM proporcionaría al Director General de Armamento unas capacidades fundamentales para el cumplimiento de sus misiones y el apoyo decidido a la transformación digital de las Fuerzas Armadas españolas y del propio Departamento. Apoyaría, asimismo, la imprescindible labor de refuerzo del sector industrial de la Seguridad, la Defensa y las Emergencias. Estamos a tiempo de mejorar. Querer es poder.
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