Manfredo Monforte Moreno
GD (R) Dr. Ingeniero de Armamento. Artillero.
De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares
Mientras el presupuesto de Defensa en España supera por poco el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, la inversión en I+D no es mucho mayor. En las siguientes líneas trataré de justificar porqué un mayor esfuerzo en I + D + D (Investigación, Desarrollo y Defensa) no sólo permitiría acercar nuestros números a los países del entorno, sino que supondría un mejor futuro para las siguientes generaciones, fijando talento, incrementando el valor añadido de nuestras empresas y mejorando la competitividad de la industria.
El presupuesto de Defensa
La Directiva de Defensa Nacional establece con claridad que España tiene que contar con una defensa responsable y creíble para hacer frente a las posibles amenazas que puedan afectar tanto a nuestra seguridad como a la de nuestros aliados, para ser un socio fiable en las organizaciones internacionales. Para ello, en toda la documentación oficial del Ministerio de Defensa, se reconoce la necesidad de contar con una base industrial equilibrada y potente para equipar a las FAS de manera eficiente. La potenciación de la industria nacional necesita músculo financiero y protección institucional a través de medidas públicas y económico-administrativas para que nuestras empresas sean autosuficientes en las tecnologías requeridas. Para conseguirlo deberían competir en igualdad de condiciones y con reglamentaciones equivalentes a las exigidas a los competidores externos, algo que no siempre se consigue.
Uno de los problemas crónicos de la entidad que dirige, por delegación, la política industrial relacionada con la defensa (DGAM), es la falta de recursos técnicos y personal especializado; su plantilla no resiste comparación alguna con la equivalente francesa –unos 13.000 empleados–, la alemana o la italiana. Para subsanarlo, se recurre a contratar apoyos externos, fundamentalmente consultores de Isdefe. Es una cuestión estructural, presupuestaria y de prioridades del Departamento. Es muy difícil desarrollar y controlar una auténtica política industrial militar con una estructura anoréxica, parcialmente externalizada y una rotación insostenible.
Según información publicada por TEDAE, las empresas del sector presentan una productividad 3,3 veces superior a la media nacional y suponen hasta el 7 % del PIB industrial. Con estas cifras de actividad, esfuerzo inversor y vocación exportadora, la industria militar española constituye un motor económico de primer orden gracias a su afán innovador y la generación de empleo estable y altamente cualificado. La sorpresa aparece cuando se analiza el volumen de las ventas nacionales en el mercado interior, un mercado cada vez más residual y menos estratégico para la mayor parte de la industria.
El presupuesto de Defensa representa apenas un 1 % del PIB y en él el mayor esfuerzo se dedica a pagar las nóminas de los casi 130.000 profesionales encuadrados en las FAS y el Ministerio de Defensa. El global supone ocupar el penúltimo puesto de los aliados de la OTAN en cuanto a esfuerzo inversor, aunque parece que la presión de los demás miembros nos haga mirar con optimismo el futuro, pues por primera vez un gobierno se plantea seriamente el objetivo del 2 % hacia 2030. Lo iremos viendo en los próximos presupuestos… o no.
La baja inversión crónica conlleva salarios bajos, asistencia al personal insuficiente y material pendiente de renovación: Harrier, Artillería Antiaérea y de Campaña, Leopardo, F18, cazaminas, acuartelamientos… y la imposibilidad de contar con drones armados, cohetes y misiles, robótica terrestre y naval, etc.
Recientemente José Borrell, comisario de la UE, exigía con motivo de la invasión de Ucrania un mayor esfuerzo inversor en defensa a los países de la unión y matizaba que la inversión debería ser conjunta y coordinada. Hay un dato a favor de la integración de esfuerzos europeos: frente a los treinta sistemas básicos de armas con los que cuenta Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo, la Unión Europea dispone de 178. Como ejemplo, las distintas fuerzas armadas del viejo continente operan hasta 17 tipos distintos de carros de combate, frente a un único modelo en Estados Unidos.
La inversión en I + D
Analicemos brevemente la inversión española en I+D respecto a otros países y cómo se posiciona el Ministerio de Defensa: los 27 países de la Unión Europea gastaron en 2018 en este concepto (en todos los sectores) una media del 2,18 % del PIB; los mayores inversores son Suecia y Alemania (3,32 % y 3,12 % respectivamente), mientras que España apenas llega al 1,2 %, cifra que traduce el escaso interés de los diferentes gobiernos en este capítulo a pesar de que es, sin duda, el seguro del bienestar de las siguientes generaciones españolas. Por mera comparación, EEUU invierte el 2,82%, China el 2,14, Japón el 3,28 y Corea del Sur el 4,53 %. Sobran los comentarios.
Del total de la inversión española, el 58 % proviene del esfuerzo de las empresas, un 25 % se asocia a la enseñanza superior y un 17 % por las Administraciones Públicas. Por regiones, Madrid, País Vasco y Navarra encabezan la lista de inversores. Los presupuestos nacionales dedican una partida de unos 8.000 M€ al I+D, de los que aproximadamente un 3 % se destinan a Defensa. En este sentido, el Departamento cuenta con el único Organismo Público de Investigación ajeno al Ministerio de Ciencia (INTA), que se encarga de la gestión de las estaciones de seguimiento de la NASA y la ESA y ofrece otros servicios alejados de la I+D, pues en su mayoría se trata de certificaciones, ensayos y pruebas.
A pesar de la voluntad y el esfuerzo, bien poco puede hacer la DGAM con los fondos que recibe para I+D. Poco o nada. En cualquier caso, la estrategia de tecnología e innovación para la Defensa constituye el marco general de referencia en el que deben moverse los distintos planes y actividades de los agentes dedicados a la I+D+i en el sector. Para ello, el departamento mantiene actualizado un portal de tecnología e innovación, así como un observatorio de prospectiva tecnológica.
Un objetivo realista y necesario debería incrementar el presupuesto dedicado a la I + D hasta el 2 % lo que, sumado a la inversión privada, nos situaría en el puesto que un país como España debe ocupar. Sin ese esfuerzo, el talento, que tanto cuesta formar, seguirá buscando oportunidades en el extranjero, pues la ciencia nacional no debe encuadrar interinos eventuales con salarios ridículos; en otros casos, se abusa de la voluntad de los doctorandos.
En España hay muy pocas empresas que hagan I+D+i y, entre ellas, son las pequeñas y medianas las que realmente innovan. Por esta razón la DGAM debe y puede hacer mucho por ellas ya que cualquier esfuerzo de apoyo a este vector innovador devolverá amplios retornos a España. Muchas veces estos apoyos no tienen por qué ser económicos, sino que pueden orientar el esfuerzo o facilitar medios militares para montar y probar equipos o dar a conocer las necesidades reales de los usuarios.
Las pymes realizan desarrollos inéditos en el sector, con aplicaciones duales en muchos casos, y emprenden proyectos de suministro en España o el extranjero, aplicando ideas originales o inspiradas en las mejores prácticas de otras empresas o de otros sectores. Los países han ido aumentando su competitividad por la innovación derivada, no solo del aumento del conocimiento tecnológico, sino también de conocimientos comerciales y directivos. Como bien recoge COTEC en su informe La innovación en un sentido amplio: un modelo empresarial, la innovación es el motor que convierte en riqueza distintos tipos de conocimiento.
Las pequeñas y medianas empresas deben poder acceder a medios públicos de prueba de ensayo a un precio asumible. Por ello, me reitero en la necesidad de que el antiguo Instituto Tecnológico de la Marañosa y el canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, deberían volver a la Secretaría de Estado de Defensa (DGAM) y revertir así la negativa integración en el INTA impulsada por el gobierno Rajoy y que tantos disgustos ha costado a los Cuarteles Generales y a la industria en general. Si ambos centros se desagregaran, volveríamos a contar con suficientes técnicos y expertos para satisfacer las necesidades de la DGAM en los grupos OTAN, así como con fondos de I+D (de autoinversión) de aplicación directa a proyectos capitaneados por los excelentes ingenieros destinados en ellos, acortando la distancia entre los usuarios y los órganos técnicos.
La innovación tropieza en las empresas con el modelo cerrado que suelen mantener, empeñadas en desarrollar sus productos exclusivamente dentro de su organización. Hoy, el modelo cerrado ha demostrado ser un concepto limitado, pues los mejores emprendedores no asumen riesgos sin más, sino que gestionan el riesgo cerrando acuerdos para ciertas tareas de forma que el resultado de la cooperación permite alcanzar metas comunes y reducir costes y riesgos, gestionando el conocimiento de las partes para un resultado óptimo. La idea de innovación abierta permite que los esfuerzos de I+D+D sean sostenibles en el tiempo y aporten valor a la estrategia de la organización. Para ello, lo primero es admitir que las ideas innovadoras pueden proceder del exterior, como es el caso de los usuarios, socios, intermediarios o proveedores. Y que, por supuesto, hay voluntad de colaborar con el fin de ganar-ganar. Para reforzar esta idea, la tradicional transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa debe producirse también entre empresas, en especial entre pymes y grandes corporaciones sin caer en la tentación de que el pez grande se coma al chico.
La I + D no debe limitarse al producto o sistema, sino que debe aplicarse también a los procesos asociados al ciclo de vida. Se innova en fiabilidad, disponibilidad, sostenimiento, abastecimiento, cadena de suministro, procesos y procedimientos, sistemas de gestión, etc. No olvidemos que el coste de ciclo de vida supera ampliamente el precio de la obtención y que los responsables de la compra, el sostenimiento y el empleo son tres agentes muy diferentes en cuanto a organización y objetivos.
Los programas de obtención
La industria militar es intensiva en la aplicación de las metodologías asociadas a la ingeniería de sistemas y la dirección de proyectos, algo crítico en los grandes programas. Son recurrentes las experiencias de adquisiciones fallidas por no cumplir sus objetivos de coste, plazo y prestaciones durante los últimos años: S80, Castor, 8x8, misiles de la F110, FCAS-NGWS, por citar algunas. Si bien es cierto que los problemas se dan en España y en el resto de los países con capacidad de desarrollo, la formación básica de los actores de la Administración Pública nacional es manifiestamente mejorable.
En general, la industria de defensa percibe a las Administraciones Públicas competentes en el sector como un brazo autoritario más que como un apoyo a su gestión. A veces es un cliente muy incómodo. Se exigen homologaciones obligatorias sin que a veces las justifique una necesidad objetiva, como fue el caso de los cascos de combate hace unos años, a pesar de la argumentación en su contra del Ejército de Tierra y el perjuicio que ello supuso en productos cuya tecnología está en continua evolución. Se pierde con ello la oportunidad de contar con mejores materiales.
Para asegurar la bondad de las adquisiciones, bastaría con redactar buenos pliegos de prescripciones técnicas que contemplen unas exigentes pruebas de recepción de muestras bien diseñadas y razonables: en cada expediente de adquisición o en cada acuerdo marco se podría mejorar el producto eligiendo el que, además de superar las pruebas, demuestre supremacía tecnológica frente a la competencia, restando valor relativo al precio, pues en caso contrario se estará comprando por subasta.
A propósito del peso que tiene el precio en los concursos públicos, la experiencia ha demostrado lo perversa que resulta su excesiva valoración en las ofertas, especialmente en cuanto a contratación de servicios como los de seguridad, mantenimiento, limpieza, etc. Pero también tiene importancia en los productos cuando no hay una valoración de muestra y la decisión se toma sobre una matriz de cumplimiento en papel. Los licitadores prometen cumplir todos y cada uno de los puntos exigibles, pero ya se sabe que no es lo mismo un repuesto nuevo que reacondicionado, aunque tengan características similares...
Conclusiones
Aplicando el principio de Ockham, las posibles soluciones a la problemática de los Presupuestos del Estado pueden y deben ser sencillas, lógicas y basadas en un número pequeño de objetivos y variables; suelen reducirse a trabajar sobre la conciencia social y la voluntad política. El objetivo de I+D+D = 2 + 2 % del PIB, proporcionará unos retornos del orden de 3 a 5 € por € gastado, fijará talento, contribuirá a reducir el paro endémico que sufrimos y a pagar las pensiones de las futuras generaciones.
La amenaza evoluciona y la defensa debe cambiar para hacerle frente con ventaja –no sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios–, al tener que desplegar en nuevos escenarios y en múltiples dimensiones: el espectro radioeléctrico, la cibernética y el espacio aéreo que ahora se extiende hasta el espacio exterior… La inteligencia artificial, la hiperconectividad, el metaverso y el acceso a ingentes cantidades de datos –el petróleo del siglo XXI– complican los procesos de inteligencia y ponen en manos de unos pocos la posibilidad de causar enormes daños en las infraestructuras nacionales con medios excepcionalmente reducidos.
La transformación digital de las operaciones empieza a ser un hecho. La conectividad con anchos de banda relativamente grandes obliga a replantear los sistemas de comunicaciones; las acciones deben evitar los daños colaterales; los materiales deben operar en cualquier lugar del mundo y ser multipropósito; las armas tradicionales buscan su lugar en el nuevo escenario; la vieja logística cambia sus principios hacia la flexibilidad y la anticipación; el apoyo a la sociedad en las grandes catástrofes requiere una respuesta proporcionada. En definitiva, las operaciones se tornan más complejas, lo que obliga a adquirir, operar y sostener una creciente variedad de materiales para cumplir las distintas misiones asignadas por los gobiernos.
La globalización también afecta a las cadenas de suministro de los sistemas militares; los microprocesadores, las memorias o las pantallas se fabrican a miles de kilómetros de la metrópoli, pues la rentabilidad de las enormes inversiones que financian la investigación, el desarrollo y la innovación de algunos componentes sólo es factible en un mercado de dimensiones mundiales. De ahí que la mayor parte de la industria nacional no pueda sobrevivir e innovar con los retornos de las ventas domésticas y deba internacionalizarse y diversificarse hacia el mercado civil.
Las decisiones de compra deberían priorizar a las empresas españolas del sector defensa, seguridad y emergencias, no sólo en cuanto al contratista principal sino también en el origen de los componentes incorporados. Naciones de nuestro entorno, como Francia e Italia, mantienen participaciones directas en sus industrias militares, haciendo primar los intereses nacionales sobre cualquier otra consideración. De ahí puede inferirse la necesidad de contar con una empresa de referencia nacional en cuanto a sistemas terrestres capaz de satisfacer las necesidades militares englobadas en el concepto Fuerza 2035. Pero no la hay.
El gasto mundial en defensa en 2021 creció entre un 3% y un 4% en 2021 hasta alcanzar los 2 billones de dólares. El mercado global mantuvo un crecimiento sostenido desde 2019 debido a que los gobiernos de todo el mundo están acometiendo la modernización de su equipamiento militar como consecuencia de la creciente preocupación por la seguridad global. En este contexto, se esperaba que el gasto en defensa mantuviese una tasa de crecimiento anual del 3% hasta… hasta la invasión de Ucrania, que ha hecho saltar todas las alarmas de la vieja Europa.
Respecto a los presupuestos de defensa, a un tercio de los españoles le parece adecuado, otro tercio no se manifiesta y el resto se sitúa en los extremos. Las noticias sobre defensa, seguridad, paz, etc. sólo llaman la atención del 20% de la población muestral. Lo mismo ocurre respecto a la I+D, donde sólo se ven imprescindibles las investigaciones sobre temas concretos como el cáncer, el Alzheimer, etc. Conclusión: de las dos posibles líneas de trabajo para poder incrementar los presupuestos de I + D + D, la conciencia social y la voluntad política, parece que la primera no es un obstáculo para el anhelado incremento de la inversión.
A la tradicional situación de la I + D + D en España hay que añadir la ausencia de estrategias claras (políticas de Estado) a medio-largo plazo y un presupuesto muy por debajo del esfuerzo económico de nuestros aliados. Por ende, y salvo proyectos puntuales, es sumamente difícil obtener presupuestos plurianuales reales, ya que algunos acuerdos marco, una vez adjudicados, deben contar con partidas presupuestarias anuales, algo que no siempre ocurre dado lo limitado de los fondos públicos dedicados a la mejora y actualización del equipamiento militar.
Los poderes del Estado deben ser conscientes de que para dirigir estratégicamente una poderosa nación como la nuestra no basta con legislar; para cambiar a mejor en I + D + D hay que invertir de manera previsible y constante. De lo contrario, las empresas buscarán otros mercados y caerán en la tentación de deslocalizarse para evitar la continua intervención de las administraciones en su negocio mientras investigadores y tecnólogos harán las maletas para no volver a ver frustradas sus expectativas.
Ojalá que nuestros políticos piensen más en el largo plazo y empiecen a trabajar prospectivamente para que el futuro de nuestros hijos y nietos sea ilusionante. Lo dicho, una buena palanca para lograrlo es invertir en I + D + D.
Imágenes: Google Images
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