Manfredo Monforte Moreno
GD (r) Dr. Ingeniero de Armamento. MBA. MTIC. Artillero
De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares
El gobierno español prevé dedicar el 2% del PIB al presupuesto de defensa de acuerdo con los compromisos adquiridos con la OTAN, cifra a la que se llegará hacia 2030 siempre que el cuadro macroeconómico lo permita. Según la propia organización, el gasto español en defensa ha pasado del 0,9% del PIB en 2019 al 1,3% en 2023. Debido a la prórroga de los presupuestos, el 1,3% se ha mantenido en 2024 y posiblemente se repita en 2025.
Las dificultades de la industria para hacer frente al incremento de las inversiones son patentes. Basta con citar los retrasos sufridos por la Armada para disponer de un arma submarina moderna y adaptada a las nuevas tecnologías, el caso del programa estrella del Ejército de Tierra, el 8x8 Dragón, que no acaba de llegar a las unidades al ritmo previsto o la incertidumbre respecto a la sustitución de los sistemas misil, F-18 o AV-8B.
El Ministerio de Defensa ha fijado la modernización y excelencia tecnológica de nuestras Fuerzas Armadas como uno de sus objetivos estratégicos. Para ello, manifiesta la necesidad de contar con una industria potente e internacionalizada que les de apoyo. Así, en una reciente visita a Urovesa, la ministra de defensa resaltó la altísima calidad de la industria militar española, declaraciones que hacen honor a la verdad y que contrastan con los continuos toques de atención a algunas empresas para cumplir los plazos de entrega en cumplimento de los contratos en curso.
En un sector tan competitivo como el de la industria de defensa, la española precisa el apoyo institucional para llegar a los mercados internacionales y rentabilizar las enormes inversiones que precisa la fabricación de los sofisticados sistemas militares actuales. En paralelo, es necesario un esfuerzo en I+D+i que facilite la actualización de procesos, medios y tecnologías.
En marzo de 2024, el presidente del gobierno y la ministra de defensa mantuvieron una reunión con los principales representantes del sector industrial de la defensa en España para agradecerles su compromiso ante el complejo contexto geopolítico actual e instarles a reforzar el posicionamiento de la industria española como actor clave en la recién anunciada Estrategia Industrial Europea de Defensa. En la reunión se hizo hincapié en la necesidad de aumentar el nivel de autonomía estratégica y se abordaron cuestiones como la relevancia del talento y de los esfuerzos en I+D+i a la hora de liderar grandes programas europeos. Sin embargo, ni las inversiones en I+D+i son significativas ni se retiene el talento, pues durante el pasado año más de cuatrocientos mil jóvenes españoles se fueron a trabajar al extranjero.
Obras son amores y no buenas razones. Algunas decisiones del departamento que dirige Margarita Robles presentan inconsistencias entre los mensajes lanzados desde la secretaría de Estado de Defensa y la realidad empresarial española, pues gran parte de la industria sectorial está en manos de capital extranjero y por tanto, sus líneas estratégicas se fijan desde fuera de España: Santa Bárbara Sistemas (GDELS), Rheinmetall (Expal), Nammo (Palencia), FMG (MSM Group), Airbus (participación española del 4,1 %), Iecisa-Inetum o Thales son ejemplos de ello, empresas que, como las de capital social netamente español, basan su supervivencia en la exportación.
A pesar de la buena voluntad expresada por la Administración, la dependencia de tecnologías foráneas es todavía elevada. Ejemplos de ello han sido el avión entrenador Pilatus (Pilatus Aircraft Suiza), el sistema lanzacohetes SILAM (Elbit-Rheinmetall-EM&E), los misiles Spyke (Raphael-Pap Tecnos), Mistral (MBDA) o NSM (Konsberg), por no hablar de las armas ligeras de todo tipo, los cañones de 25, 27 y 30 mm que artillan aviones y vehículos de combate o los nuevos vehículos ligeros TT adquiridos a China.
Recuerdo que en su momento —hablo de los años 70 del siglo pasado— los Estados Unidos prohibieron el uso del material de ayuda americana en el conflicto del Sahara español. Para superar el “embargo” se adquirieron materiales libres de restricciones, como el AMX30 o el Obús M109. Este último se desplegó en tierras africanas encuadrado en el Grupo ATP XII —el Expedicionario— en el que tuve el honor de servir ocupando el mismo puesto del teniente Luis Gurrea Serrano (262 ACART), muerto en el Sahara junto al sargento Diego Cano Nicolás y los artilleros José Porcar Escribá, José Otero Amoedo y Miguel Casanova Carbonell. Valga mi recuerdo y reconocimiento a su heroísmo y entrega por España.
En septiembre de 2024 saltó a las noticias la desconexión a distancia de un Cybretruck de Tesla. Ramzan Kadyrov, líder de la región rusa de Chechenia, aseguró en sus redes sociales que Elon Musk le había regalado uno de estos vehículos futuristas al que había equipado con una ametralladora. Un vehículo blindado que el propio Musk habría desactivado a distancia; al menos uno de los presentes en la zona. Un hecho que es recurrente en servicios prestados por terceros, como las señales de posicionamiento global GPS, Galileo o Glonass, que pueden desaparecer en momentos críticos, como sucedió durante la acción de bombardeo de Trípoli en 1986 por parte de aviones norteamericanos y británicos (Operación Dorado Canyon).
Otro hecho parecido ha llevado a prohibir el uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes en las bases militares dado que, con tecnologías relativamente sencillas, es posible “mapear” la base en cuanto a los recorridos de los corredores (normalmente a lo largo del perímetro) o la situación de comedores, dormitorios y puestos de mando. Esperemos que nuestros socios de la OTAN no nos impidan entrar en bases conjuntas (estoy pensando en Rota) con los nuevos vehículos de origen chino y que éstos no dispongan de “puertas traseras” que permitan su inmovilización remota.
Otra de las cuestiones que precisa una profunda revisión y mejora es la forma de plantear las grandes adquisiciones. Un error habitual es mezclar suministros con desarrollos de I+D+i. Los primeros cuentan con tecnologías maduras que conviven bastante mal con la incorporación de subsistemas inmaduros: lo hemos visto con la caja de cambios del Pizarro fase II o el Castor de ingenieros; también en la torre de 30 mm del 8x8 Dragón o en el sistema propulsor del submarino S-80. Esperemos que en el anunciado programa de Vehículo de Apoyo al Combate (VAC), basado al parecer en el Ascod británico, no se comentan los mismos errores y se recurra a elementos fiables y probados.
A nadie escapa que la crisis diplomática entre España e Israel puede poner en peligro alguno de los programas que requieren la cesión de tecnología, como el sistema SILAM o las evoluciones del misil contracarro Spyke. Como también pueden suponer retrasos los suministros domésticos ante las exportaciones de municiones fabricadas en España y comercializadas por Rheinmetall Alemania, MSM Eslovaquia o Nammo Noruega fuera de nuestras fronteras a precios que se intuyen ligeramente engrosados.
Capítulo aparte requiere el análisis de la inversión de I+D+i que en España resulta insignificante: la inversión total en la I+D+i española no supera el 1,5 % del PIB (muy inferior al esfuerzo de los países de nuestro entorno), por lo que el dinero dedicado al sector militar es meramente testimonial. Este déficit inversor lastra la deseada autonomía tecnológica e impone la dependencia del exterior. Un ejemplo inmediato es la disponibilidad de material electrónico (chips, memorias…) o el acceso a la nitrocelulosa, un recurso estratégico a nivel global.
Algunos programas sufren sucesivas modificaciones a lo largo de su ciclo de vida de obtención, lo que irremediablemente conduce a pérdidas en forma de indisponibilidad de los sistemas, sobrecostes de producción y, en algunos casos, la sustanciación de cláusulas de penalización, como la reciente sanción de 14 M € impuesta a Santa Bárbara Sistemas por el contrato de los demostradores 8x8, un expediente que sigue vivo tras muchos años de su inicio y que, por incorporar I+D+i, no acabó de rematar sus objetivos (como es normal, por otra parte, en desarrollos de éxito incierto, algo obviado a menudo por los órganos de contratación).
La intromisión de la Administración en el sector industrial no siempre facilita las cosas ni las mejora. Dicha influencia se palpa en la exigente reglamentación sectorial, un lastre para los emprendedores y una barrera de entrada insuperable para muchos. Recuerdo, por estar implicado directamente, el desarrollo del sistema de información para mando y control Lince-Leo, cuya ejecución fue impuesta conjuntamente a Indra y a la por entonces Amper Sistemas (hoy Thales). El desarrollo se retrasó muchos meses hasta que los respectivos departamentos jurídicos se pusieron de acuerdo en cuanto a la propiedad intelectual y el reparto de los potenciales retornos de su explotación comercial; durante el desarrollo, el personal técnico de la Administración hubo de mediar cada vez que aparecía un conflicto de intereses o de carácter técnico (las dichosas interfaces) entre las partes. Algo que se está repitiendo con la creación de Tess Defense, empresa propiedad de cuatro sociedades (SBS, EM&E, SAPA e Indra) y cuya gestión se ha complicado enormemente por la entrada de EM&E y SAPA en el capital de Indra, movimiento accionarial que parece más político que económico, junto al anuncio de la intención de INDRA de hacerse con el 51 % del capital de Tess y crear así un “campeón nacional” —que tal vez no haga falta… o sí—.
La experiencia de las empresas públicas españolas, casi todas en pérdidas (Renfe, Correos…) aconsejaría mantener los tentáculos gubernamentales lejos del sector industrial, pues el mercado suele eliminar por sí mismo las ineficacias y sabe premiar la excelencia. No hace falta la superregulación o la intervención directa, basta con dejar trabajar.
Los crecientes presupuestos de defensa, entre los que se debería incluir una mejora sustancial de los salarios del personal uniformado, son una excelente oportunidad para mejorar los procesos de obtención, apoyo al ciclo de vida y sostenimiento. En este sentido, soy ligeramente optimista: la reestructuración de la Secretaría de Estado de Defensa debería contribuir a relanzar el sector y a mejorar la ejecución del presupuesto sobre la base de alianzas estratégicas entre la administración y la industria.
Reconocido por todos, la industria militar es un motor tecnológico, de empleo y riqueza, pero sobre todo es un sector estratégico de importancia capital para un país. Así lo demostró el anuncio de Arabia Saudí de que sus inversiones en I+D+i se multiplicarán por 20 este mismo año y así lo corroboran los presupuestos dedicados a la defensa por los países de nuestro entorno. Sin ir más lejos, Marruecos ha incrementado su presupuesto en un 30 %.
La independencia industrial en defensa permite asegurar los suministros y adaptar los productos a las necesidades expresadas por las Fuerzas Armadas. Para el estamento político, la inversión extranjera puede ser una buena cosa, aunque se pierda autonomía e independencia en una materia tan delicada como la Defensa Nacional. Habría que preguntarse si dicha inversión foránea busca rentabilidad y oportunidades locales —sumando capacidades de producción a las propias en épocas de gran demanda— o llega atraída por algunos de los programas especiales de armamento (PEA,s) y las magníficas relaciones que España mantiene con el mundo árabe y Latinoamérica.
España no cuenta con una ley de financiación de la defensa, lo que complica los ciclos de planeamiento y presupuestación (agravados por las prórrogas de los presupuestos). Hace falta una reflexión estratégica autocrítica que permita fijar el nivel de ambición de la política de defensa, facilite la reorganización de las estructuras para concentrar capacidades y gestione más eficazmente los recursos en términos empresariales. Debemos replantear —reinventar— la financiación de las Fuerzas Armadas y asegurar la existencia de recursos suficientes y sostenidos en el tiempo. Al mismo tiempo hay que trabajar en la reforma de la legislación concursal para proteger el tejido industrial nacional frente a los competidores extranjeros y promulgar una normativa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, clave de bóveda de la industria militar en España.
Empresas netamente españolas, como Urovesa, Sener, Einsa, TSD, GMV, Instalaza, Fecsa, NTGS, Oesía, Gahn, Iturri o S2, entre otras, son magníficos ejemplos de excelencia y buenas prácticas en beneficio de nuestras FAS e invitan al optimismo respecto al futuro del sector. Iniciativas regionales o provinciales, como las puestas en marcha por las diputaciones de Málaga, Córdoba, Jaén o las autonomías de Murcia y Madrid, tratan de impulsar su base industrial hacia tecnologías duales y de alto valor añadido y servirán, en el medio y largo plazo, para afianzar la industria española y, en particular, del sector de la defensa.
Inversiones tales como la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba o el CETEDEX del INTA en Jaén servirán para fijar población, retener talento en la España despoblada (que no vaciada) y promocionar la industria auxiliar, marcando ambiciosos objetivos tecnológicos y propiciando una nueva forma de abordar el futuro.
Según la teoría de Ockham las soluciones suelen ser más sencillas que complejas: querer es poder.
Imágenes: Google images
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