Unión Europea: ¿Un mercado común en defensa?

Manfredo Monforte Moreno

GD (r) Dr. Ingeniero de Armamento. MBA. MTIC. Artillero

De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares

En la actualidad la Unión Europea se enfrenta a un complejo y multifacético panorama de seguridad que justifica por sí mismo una mayor cooperación entre los Estados miembros.

En primer lugar, las amenazas híbridas en la zona gris y la ciberseguridad combinan métodos convencionales y no convencionales y se han convertido en una de las mayores preocupaciones en la Unión. Estas acciones multidominio incluyen la desinformación a través de campañas mediáticas y redes sociales para socavar la cohesión social, los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de transporte y la manipulación de procesos democráticos. La naturaleza transnacional de estos ataques hace que la respuesta a nivel de un solo Estado sea insuficiente y requiera una coordinación conjunta para mejorar la resiliencia y la capacidad de disuasión.

El terrorismo y el crimen organizado no son fenómenos nuevos. Su evolución, con redes transaccionales y el uso de tecnologías avanzadas, plantea un desafío constante. La cooperación en inteligencia, el intercambio de información y la acción conjunta son cruciales para prevenir ataques y desmantelar las redes que operan a través de las fronteras de la Unión Europea. Dentro de las redes de crimen organizado deben incluirse las mafias de inmigración ilegal pues, como dijo un filósofo, los hombres que huyen de la guerra lo hacen con sus familias mientras que los que van a la guerra lo hacen solos. Es preocupante que la inmigración ilegal esté protagonizada por jóvenes varones de creencias musulmanas, cuando no islamistas.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 ha sido un punto de inflexión en la dinámica de la Unión. El conflicto ha demostrado que la guerra convencional a gran escala no es cosa del pasado en el Viejo Continente y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las capacidades militares de los socios comunitarios. La agresión rusa ha llevado a una reorientación de la política de defensa de la Unión Europea acelerando iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) y el Fondo Europeo de Defensa (FED) para financiar la producción conjunta de armamento y reducir la dependencia de terceros países. La recién creada Comisaría de Defensa, cuyo cargo ostenta el lituano Andrius Kubilius, demuestra la nueva situación. Como dijo el propio comisario: “no debemos esperar que 340 millones de estadounidenses quieran defender permanentemente a 450 millones de europeos frente a 140 millones de rusos". También ha afirmado que Europa, en su conjunto, dispone del 52% de las capacidades necesarias para disuadir a hipotéticos enemigos por su poder militar.

La dependencia de la industria de defensa europea de proveedores externos, especialmente de Estados Unidos, Israel, Taiwan, China y Corea del Sur, es un reto significativo. Los países de la Unión Europea se han dado cuenta de que necesitan desarrollar su propia Base Tecnológica e Industrial de Defensa (BTID) para asegurar su autonomía estratégica, lo que debe abordar con base en un fuerte incremento de la inversión en I+D+i y la cooperación entre empresas de defensa de los distintos Estados miembros. En resumen, los desafíos a los que se enfrenta la Unión ante  las nuevas formas de conflicto híbrido y el retorno de la guerra convencional, han creado un consenso entre los Estados miembros de la Unión sobre la necesidad de una política de defensa unificada y con mayores capacidades operativas conjuntas y agregadas.

Por ende, la carencia de materias primas, tanto en cuestión de tierras raras como en el campo energético, debilitan la postura europea en un mundo cada más global e interconectado.

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) es una parte integral de la política exterior de la Unión Europea. Su propósito es dotar a la Unión de una capacidad operativa, tanto civil como militar, para gestionar crisis y conflictos fuera de sus fronteras. El Tratado de Lisboa fija sus objetivos:

·         Mantener la paz y fortalecer la seguridad internacional de acuerdo con los principios de la carta de las Naciones Unidas.

·         Afrontar y prevenir conflictos mediante misiones civiles y militares, como misiones de mantenimiento de la paz, desarme, asesoramiento y asistencia militar, y operaciones de estabilización.

·         Proteger los valores e intereses de la Unión Europea y la seguridad de sus ciudadanos.

·         Fomentar la cooperación Internacional y la consolidación de la democracia.

Desde el Tratado de Lisboa, la PCSD ha evolucionado notablemente pasando de un enfoque reactivo de gestión de crisis a una estrategia más proactiva orientada al desarrollo de capacidades y a la promoción de la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Entre 2009 y 2016, la PCSD se consolidó como una política con personalidad jurídica propia. Rereforzó la gobernanza con al creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el cargo de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores con el fin de mejorar la coordinación y coherencia de la política exterior y de seguridad. En este periodo, la prioridad siguió siendo la ejecución de misiones civiles y militares en el exterior bajo un marco de gestión de crisis, para estabilizar situaciones de conflicto y mantener la paz, principalmente en los Balcanes, África y Oriente Medio.

A parir de 2016, en un contexto de creciente inestabilidad global, la UE inició una ambiciosa agenda para dotar a la PCSD de una dimensión más industrial y de capacidad con el objetivo de fomentar la cooperación entre los Estados miembros. Esto se concretó con el lanzamiento de 3 iniciativas claves: Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), creada para permitir la asociación de un grupo de Estados miembros para profundizar su cooperación militar en proyectos concretos; Fondo Europeo de Defensa (FED), para financiar proyectos de investigación y desarrollo industrial, evitar suplicación de esfuerzos y fomentar la interoperabilidad;  y la Revisión Anual Coordinada de Defensa CARD; un mecanismo para revisar y planificar el gasto en defensa de los países de la Unión Europea, identificando carencias y fomentando la coordinación.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, cambió el paradigma y los objetivos de la PCSD se reorientan hacia:

·         Disuasión y defensa colectiva: se ha pasado de un enfoque predominantemente de gestión de crisis a uno que incluye explícitamente la defensa del territorio de la Unión.

·         Desarrollo de capacidades: la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la urgencia de fortalecer las capacidades militares en áreas como la defensa aérea y antimisiles, la artillería y la producción de municiones.

·         Autonomía estratégica: el objetivo de reducir la dependencia militar y tecnológica de terceros países ha adquirido una importancia crítica. La Brújula Estratégica aprobada en 2022, es el documento que define estos nuevos objetivos y establece una hoja de ruta hasta 2030, incluyendo la creación de una fuerza de despliegue rápido.

En este escenario, la industria de defensa es crucial para el desarrollo de la PCSD ya que existe un vínculo directo y esencial entre la capacidad militar y el desarrollo de una BTID sólida y competitiva a nivel europeo. Sin una industria fuerte, la Unión Europea no puede alcanzar sus objetivos estratégicos. La relación entre la industria y la PCSD se basa en varios pilares clave:

·         La autonomía estratégica: una industria de defensa robusta reduce la dependencia de proveedores externos y facilita que la Unión Europea pueda tomar decisiones de seguridad de manera autónoma.

·         Capacidad militar y operacional: las misiones de la PCSD, sean de mantenimiento de la paz o de gestión de crisis, requieren equipos militares de alta tecnología. El desarrollo y la fabricación de este material aseguran que las fuerzas armadas de los Estados miembros estén equipadas con tecnología de vanguardia, promoviendo la interoperabilidad y la estandarización entre ellas.

·         Innovación y competitividad: la inversión en la industria de defensa impulsa la innovación tecnológica en áreas críticas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los drones y la tecnología espacial. Estos avances no solo son beneficiosos para el sector militar, sino que tienen un fuerte componente civil —dual—.

·         Creación de empleo y crecimiento económico: la industria de defensa es un sector económico significativo que genera empleos de alta cualificación y calidad. La inversión en este sector contribuye al crecimiento económico y fomenta la creación de un ecosistema de empresas, desde grandes contratistas hasta pequeñas y medianas empresas. Sin duda, el incremento de los presupuestos militares actuará como un tractor de la economía y la industria en general.

La PCSD actúa, o pretende actuar, como un marco institucional para canalizar la cooperación en defensa, promoviendo sinergias y mejorando la eficiencia de las inversiones. Pero sus objetivos estratégicos tropiezan con un escollo de difícil superación: al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros hacer una excepción a las normas del mercado único de la UE en el ámbito de la defensa.  Su propósito es proteger los intereses de seguridad nacional de los países. El artículo establece que:

·         Un estado miembro no está obligado a proporcionar información cuya divulgación considere contraria a los intereses especiales de seguridad.

·         Un Estado miembro puede adoptar las medias que considere necesarias para proteger los intereses especiales de su seguridad en relación con la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra.

Obviamente, este artículo crea una disfunción entre los principios de la libre competencia y circulación de bienes y la soberanía de cada Estado en materia de defensa. Por tanto, permite que los gobiernos no apliquen las normas de contratación pública al adquirir equipamiento de defensa, lo que les da la posibilidad de favorecer a empresas de su propio país (¿campeones nacionales?) a pesar de que la Directiva sobre Contratación Pública en los ámbitos de la defensa y la seguridad busca un mercado más abierto.

Históricamente, algunos países han invocado este artículo —el caso de Francia es palmario— de manera muy amplia para justificar compras nacionales y cerrar sus mercados. Esto ha llevado a intervenciones de la Comisión Europea y a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han intentado clarificar y limitar su uso. El TJUE ha dictaminado que la excepción sólo puede aplicarse en casos concretos y estrictamente justificados cuando la seguridad nacional está realmente en riesgo.

Con el aumento de la cooperación en defensa a través del PCSD, el artículo 346 se ha convertido en un obstáculo potencial para el desarrollo de un mercado de defensa europeo más integrado. Iniciativas como el Fondo Europeo de Defensa (FED) buscan superar la fragmentación del mercado incentivando la cooperación y la inversión conjunta, ofreciendo una alternativa a la lógica proteccionista que permite el artículo 346.

Otra cuestión compleja es el uso de armas en la UE, que está sujeto a normativas estrictas que varían significativamente entre países. De hecho, la normativa española sobre armas y explosivos es la más rígida de la Unión, algo que debería armonizarse si no se desea que la industria militar y dual española compita en inferioridad de condiciones con nuestros socios europeos.

En el ámbito militar, la Unión Europea no tiene un Ejército único, aunque muchos han visto en el Eurocuerpo un embrión de lo que podría llegar a ser un Ejército de la Unión. La PCSD busca coordinar y complementar las políticas de defensa de los Estados miembros, pero la decisión de emplear sus Fuerzas Armadas y por tanto el armamento sigue siendo una prerrogativa nacional. Cada Estado miembro mantiene el control total sobre sus Fuerzas Armadas y sobre la decisión de usar la fuerza. Los tratados de la UE, especialmente el artículo 346 del TFUE, garantizan que los países puedan tomar las medidas que consideren necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad, incluyendo la producción y el comercio de material de guerra.

Cuando los Estados miembros deciden participar en misiones de la PCSD, como operaciones de mantenimiento de la paz o de estabilización en el extranjero, el despliegue de tropas y el uso del armamento se rigen por el mandato y las reglas de enfrentamiento específicas de cada misión, que deben ser aprobadas por el Consejo de la Unión Europea y, en última instancia, por cada gobierno nacional.

Mientras los Estados Unidos cuentan con un solo carro de combate, la unión Europea cuenta con mas de media docena de modelos diferentes, lo que implica una complejidad logística inabordable en operaciones conjuntas y unos precios escasamente competitivos por economía de escala y curva de aprendizaje industrial.

Tan sólo la concentración en varios grupos industriales paneuropeos especializados (tierra, mar, aire, espacio, espectro electrónico, ciber y dominio cognitivo) puede asegurar la competitividad de la industria de defensa a nivel global. Pero para eso hay que renunciar a la soberanía nacional y participar cooperativamente en los grandes consorcios internacionales que se precisan. Por muchos años de vida que me queden, creo que nunca veré una Europa sólida, fuerte e influyente en el campo militar e industrial de defensa. Los diferentes intereses nacionales, idiomas e ideologías son poderosos obstáculos para alcanzar los objetivos estratégicos de la Unión.

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